El colapso político del gobierno de coalición en España ha alcanzado un punto de no retorno. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció oficialmente el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, luego de sufrir una derrota parlamentaria decisiva tras el rechazo del Congreso a dos decretos de emergencia destinados a mitigar la devastadora crisis de la vivienda que golpea a las familias ibéricas.
La estocada legislativa se dio bajo la presión de masivas manifestaciones e indignación popular en las calles, detonadas por el traumático desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años expulsada de su hogar por fondos inmobiliarios especulativos. A pesar de los intentos del oficialismo por imponer leyes que frenaran los desahucios, congelaran alquileres y limitaran las compras masivas por parte de fondos de inversión, la falta de consenso en la Cámara Baja terminó por fracturar la gobernabilidad y empujar la convocatoria a las urnas.
El escenario político internacional observa con atención una contienda electoral altamente polarizada. Mientras la oposición del Partido Popular y Vox celebran el fin de la gestión de Sánchez argumentando un agotamiento del modelo socioeconómico, ministros y referentes del oficialismo confían en revalidar su mandato. La sociedad española exige reformas estructurales ante un mercado inmobiliario distorsionado por la escasez de oferta, la especulación turística y salarios que no logran cubrir las necesidades básicas de vida.
