El esquema político e institucional de Córdoba suma una nueva grieta tras la abrupta dimisión de Pablo Ortiz a la vicepresidencia de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CORMECOR). Aunque la misiva dirigida al intendente Daniel Passerini apela al gastado argumento de «motivos estrictamente personales», la salida del dirigente peronista responde al avance de un pesado frente judicial que pone en jaque la representatividad en los cargos públicos.
Ortiz, de extensa trayectoria dentro del peronismo provincial, se encuentra formalmente imputado en la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello. La causa central, impulsada tras la denuncia de su expareja, incluye imputaciones por violencia de género y abuso sexual, según ratificó la abogada querellante Daniela Ferrari. A esta grave acusación se le suman cargos por hurto simple y defraudación.
El entramado no concluye en la figura del ahora exfuncionario: el expediente judicial salpica también a su exsecretaria, Julieta Balchori, imputada en relación con los mismos hechos investigation. Ante la severidad de las acusaciones, la Justicia resolvió fijar medidas cautelares con prohibición de acercamiento y contacto para los involucrados, quienes deberán presentarse a declaración indagatoria en el transcurso de noviembre.
La renuncia de Ortiz abre interrogantes sobre el control y los criterios éticos en la designación de autoridades en organismos metropolitanos de peso como CORMECOR, en un contexto donde el costo político de la impunidad y el silencio institucional resulta cada vez más insostenible para la administración local.
