El anuncio del operativo extraordinario para la llegada del Papa León XIV a la capital cordobesa desencadenó una nueva batalla política y sindical en la ciudad. En conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, el intendente Daniel Passerini confirmó la firma de un convenio que faculta a la Policía de Córdoba a asumir el control absoluto de los accesos, perímetros y ordenamiento vehicular durante el evento del próximo 10 de noviembre. La medida constituye una respuesta directa al ausentismo del personal de Tránsito en eventos recientes y marca un claro desplazamiento de las áreas operativas municipales en favor de las fuerzas de seguridad.
La decisión oficial encendió la alarma en el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que denunció una «voracidad institucional» por parte del gobernador Martín Llaryora y acusó al Ejecutivo de avasallar potestades del Municipio. Desde el gremio justificaron la medida de fuerza en el reclamo de deudas salariales atrasadas por cinco meses y defendieron el desempeño del personal técnico local. Frente a estos cuestionamientos, Passerini tildó de «pícaros e irresponsables» a los sectores que encabezaron la protesta, desmintió la existencia de deudas vencidas y ratificó que impulsará una ordenanza para consolidar la intervención de la fuerza policial en situaciones excepcionales.
El choque institucional evidencia el deterioro de los canales de diálogo entre el Palacio 6 de Julio y la representación sindical en vísperas del acontecimiento masivo más importante en la historia reciente de Córdoba. Mientras las autoridades apuestan por la firmeza y el despliegue policial para garantizar el orden de la jornada, el gremio advierte sobre los peligros de menoscabar la autonomía municipal. La escalada del conflicto pone al descubierto las fallas en la gestión de servicios esenciales y deja en suspenso la convivencia laboral en el Estado cordobés.
