La Cámara del Crimen de San Francisco dicta este jueves la resolución final en el juicio por el aberrante abuso sexual y homicidio de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann en noviembre de 2024. En el banquillo de los acusados comparecen Rocío Milagros Rauch —madre de la víctima—, su pareja Ezequiel Matías Simeone y un allegado, Cristian Hernán Varela, imputados por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. De ser declarados culpables por el tribunal integrado por los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena junto a un jurado popular, los tres afrontan la pena de prisión perpetua.
El trágico hallazgo se produjo tras un incendio intencional provocado en la vivienda el 1° de noviembre de 2024, una maniobra que, según la instrucción fiscal conducida por Oscar Gieco, ejecutó Simeone para destruir evidencias. Las pericias forenses confirmaron que la pequeña sufrió una muerte traumática por sofocación y presentaba lesiones compatibles con agresiones sexuales previas al inicio del fuego. A lo largo de las audiencias, en las que el padre de la niña actúa como querellante, testificaron más de diez personas, siendo Varela el único imputado que prestó declaración para alegar que asistía a la finca únicamente a adquirir estupefacientes.
Más allá del veredicto penal, el caso destapa serias interrogantes sobre el accionar de los organismos estatales de protección a la infancia. Fuera de los tribunales, los familiares de la víctima denunciaron negligencia institucional y omisión ciudadana, advirtiendo que las alertas de vulnerabilidad fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades de Brinkmann. El fallo judicial fijará las responsabilidades directas sobre el crimen, pero deja expuesta una cadena de fallas estatales y comunitarias que demandan respuestas urgentes.
