La industria automotriz volvió a convertirse en el escenario de una fuerte pulseada entre las multinacionales y la realidad económica del país. Luego de que el CEO regional de Stellantis, Herlander Zola, sugiriera abiertamente la posibilidad de cerrar fábricas en la Argentina apelando a los «altos costos laborales», la compañía debió salir a bajarle el tono a la polémica, aclarando que no prevé desmantelar sus complejos e intentando amortiguar el impacto de unas declaraciones que reavivaron la incertidumbre en el sector industrial.
El mensaje corporativo, calificado posteriormente como un planteo «hipotético», expone la habitual estrategia de las grandes firmas de presionar sobre las condiciones macroeconómicas locales comparando la competitividad argentina con la de Brasil. Pese a las advertencias sobre el costo de la mano de obra, Stellantis ratificó sus planes de inversión e indicó que el próximo 25 de noviembre inaugurará una nueva planta de motores Multijet 2.2 turbodiésel en su polo productivo de Ferreyra, Córdoba, destinado a abastecer a vehículos regionales como las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota.
El contraste entre la planta cordobesa y el complejo bonaerense de El Palomar refleja la fragilidad del entramado industrial frente a la apertura de importaciones y la retracción del consumo. Mientras en Córdoba sostienen la producción con anuncios millonarios y el Fiat Cronos como pilar comercial, la fábrica de El Palomar sufrió este año la reducción a un solo turno productivo y la baja de modelos históricos, dejando al descubierto los condicionantes reales que atraviesa el sector más allá del discurso empresarial.
