El principal imputado amplió su indagatoria tras cambiar de abogado y dejar trascender que «no se irá solo». Sin embargo, el fiscal Raúl Garzón prefirió esquivar precisiones y tildó la audiencia de «un paso procesal más». ¿Hasta dónde llegan los nexos políticos y el silencio institucional?
La causa por el femicidio de Agostina Vega volvió a poner sobre la mesa los oscuros entramados que cruzan la política, el empleo público y la marginalidad en la provincia. Este lunes, Claudio Gabriel Barrelier, alojado en el penal de Cruz del Eje como principal sospechoso del crimen, amplió su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. El trámite ocurrió tras la salida de su defensa oficial y el desembarco del abogado penalista Carlos Argüello.
Pese a la expectativa que generó el posible giro estratégico del acusado, la respuesta judicial ante la sociedad volvió a ser el sigilo. A la salida de la audiencia, el fiscal Garzón evitó dar precisiones sobre el contenido de la exposición y se limitó a calificar la instancia como «un paso procesal más», dejando en suspenso si Barrelier respondió preguntas, sumó pruebas contra terceros o aportó nombres clave para la causa.
El hermetismo oficial choca de frente con las versiones que salieron desde el propio entorno de la nueva defensa en la previa del trámite. Según trascendió en off the record, el imputado tendría en claro la posibilidad de enfrentar una condena a prisión perpetua, pero habría sido contundente ante sus allegados: «Solo no me voy». La frase apunta a saldar cuentas con quienes le habrían prometido asistencia económica y cobertura política antes de soltarle la mano.
El trasfondo del acusado interpela de manera directa a las estructuras institucionales de la ciudad. Cabe recordar que Barrelier logró ingresar a trabajar en la Municipalidad de Córdoba contando con antecedentes penales, una incorporación impulsada y asociada al dirigente Ricardo Moreno, referente con fuertes vínculos en el Concejo Deliberante. Su trayectoria, además, aparece atravesada por conexiones con sectores de barras bravas y consumo de drogas.
Por ahora, la Fiscalía no confirmó si los dichos de Barrelier derivarán en nuevas imputaciones ni si investigará el trasfondo político del caso. En una causa cruzada por el dolor de un femicidio y las sospechas de protección institucional, el silencio judicial termina alimentando la duda sobre hasta dónde se quiere llegar.
