Un nuevo revés para la Casa Rosada reactiva la tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público. El juez federal Martín Cormick hizo lugar a la acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores y gremios docentes, declarando la inconstitucionalidad parcial del decreto 759/2025 emitido por la administración de Javier Milei. La resolución judicial desarticula la maniobra oficial que pretendía supeditar la aplicación de la ley a la disponibilidad discrecional de partidas presupuestarias, ordenando la transferencia inmediata de los fondos fijados por el Congreso.
El fallo de fondo ataca la estrategia gubernamental desplegada tras la sanción de la Ley 27.795, norma que había sido rechazada por el Ejecutivo pero ratificada de forma contundente con la mayoría de dos tercios de ambas cámaras legislativas. La magistratura determinó que el Gobierno no puede dilatar la ejecución de una ley válidamente ratificada mediante condicionamientos reglamentarios, imponiendo además que las costas del proceso judicial sean afrontadas de forma íntegra por las arcas del Estado nacional.
Desde el ámbito académico cordobés, la resolución fue recibida como una victoria institucional frente a las políticas de recorte. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, se sumó a las declaraciones del CIN para exigir el cese de las maniobras dilatorias y demandar la inmediata liquidación de los recursos asignados por ley, en un escenario donde el sostenimiento operativo y salarial de la educación superior continúa en el centro de la escena política nacional.
