Francia atraviesa su crisis social más agudo en lo que va del año. Las protestas estudiantiles, iniciadas dos semanas atrás en los suburbios de París en reclamo por el vaciamiento educativo y el deterioro de la infraestructura escolar, devinieron en una ola nacional de manifestaciones masivas e intensos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Ciudades como Estrasburgo, Lyon y la propia capital fueron escenario de violentos choques donde las unidades antidisturbios apelaron al uso sistemático de gases lacrimógenos para dispersar los bloqueos, desatando severas denuncias por represión e institucionalizando la tensión en las calles.
El reclamo estudiantil exige respuestas concretas ante la falta de personal docente, las jornadas excesivas y la falta de recursos básicos en los centros de enseñanza, problemas agravados por las medidas de austeridad presupuestaria aplicadas por la gestión central. La contundencia del movimiento movilizó a más de 250.000 personas en todo el territorio francés, sumando el respaldo explícito de centrales sindicales de peso como la CGT y partidos de la oposición. La magnitud de la protesta obligó al primer ministro Sébastien Lecornu a desplegar un amplio operativo policial mientras busca contener el costo político del conflicto.
La convergencia de la protesta juvenil con los reclamos sindicales amenaza con detonar un escenario de parálisis generalizada en medio de la discusión del presupuesto de ajuste. Con más de diez estaciones de subte cerradas en la capital y dispositivos militares custodiando los puntos neurálgicos, la respuesta de la Casa de Gobierno sigue focalizada en el control del orden público, mientras la dirigencia opositora califica el levantamiento como el movimiento de la juventud más potente del último medio siglo frente a la falta de respuestas oficiales.
