La política cordobesa atraviesa un temblor interno que desvela a los despachos del Centro Cívico. El aviso de juego propio por parte de la diputada Natalia de la Sota, quien dejó abierta la posibilidad de competir por la gobernación, encendió las alarmas en el peronismo provincial. La postura de la dirigente no solo evidencia la falta de interlocutores confiables para contener a las diferentes expresiones del espacio, sino que también intercala un dardo directo a la estrategia de Martín Llaryora, orientada a tejer pactos de no agresión electoral con el Gobierno nacional para blindar la gestión local.
La movida reabre el dilema de la representatividad y el costo político dentro del PJ. Al postularse como una alternativa opositora al modelo de la Casa Rosada, de la Sota apela a la base histórica del espacio, pero corre el riesgo de dividir el voto peronista y favorecer a la oposición en un territorio donde el Panal busca retener la hegemonía. Mientras algunos sectores ultiman esfuerzos para encomendar canales de diálogo mediante figuras con llegada transversal como el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, el internismo amenaza con erosionar la cohesión del cordobesismo en momentos de alta volatilidad política.
A este complejo tablero local se le suma un contexto macroeconómico y geopolítico adverso que ahoga las finanzas provinciales. Entre la incertidumbre por los comicios internacionales, el aumento del riesgo país y el repunte de la inflación, los gobernadores dialoguistas aguardan con escepticismo que las promesas de la Nación se plasmen en partidas presupuestarias concretas. Sin giros efectivos desde el Ministerio de Economía para afrontar el cierre de año, la dirigencia cordobesa se ve obligada a administrar un escenario signado por el ajuste, las urgencias financieras y una aceleración de la competencia electoral.
