Las tensiones diplomáticas entre la Argentina y Chile escalaron tras el acuerdo firmado por la naviera chilena Easter Island y la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas para establecer una ruta de abastecimiento directo desde Punta Arenas hacia Puerto Argentino. La iniciativa busca reemplazar el suministro que actualmente realiza Uruguay desde Montevideo, reduciendo costos logísticos a la mitad y abriendo un mercado directo para pymes del sur chileno, proyecto que generó un inmediato y contundente rechazo por parte del Gobierno argentino.
Frente a las quejas formales de Cancillería argentina y los anuncios de sanciones por parte del Ejecutivo nacional contra firmas que operan vuelos no autorizados entre el continente y el archipiélago, dirigentes de la Región de Magallanes tildaron las protestas de «intromisión». El senador Karim Bianchi y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, afirmaron que el diferendo de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido no puede transformarse en un bloqueo económico para la región ni restringir acuerdos privados, alegando el derecho de la ciudad a comerciar sin presiones.
Por su parte, la administración central chilena intenta equilibrar su postura institucional. Tras las declaraciones del canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, quien defendió la actividad comercial privada mientras reafirmó la relación con Gran Bretaña, el canciller argentino Pablo Quirno buscó bajar el tono diplomático, apelando al compromiso asumido por el presidente chileno José Antonio Kast con la causa Malvinas para que se respeten los acuerdos continentales frente a una maniobra que atenta contra el reclamo soberano.
