El Gobierno de Córdoba formalizó mediante su publicación en el Boletín Oficial una nueva edición del Plan Primer Paso (PPP), la histórica bandera de empleo joven del oficialismo provincial que conducen Martín Llaryora y el aparato del cordobesismo. En esta oportunidad, la convocatoria contempla 15.000 vacantes destinadas a la inserción laboral, en medio de un contexto socioeconómico crítico donde el desempleo juvenil y la pérdida de capacidad de compra golpean de lleno a las familias cordobesas.
El programa se dividió en dos modalidades de 7.500 cupos cada una: Relación de Dependencia, con subsidio estatal a la contratación por hasta 12 meses, y Prácticas de entrenamiento, que exigen 20 horas semanales por una asignación «estímulo» equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil ($367.800). Si bien desde el Centro Cívico promocionan la medida como una oportunidad de inclusión —añadiendo acceso al Boleto Obrero y cuotas de reserva para departamentos del noroeste y vulnerabilidad social—, diversos sectores miran con lupa el rol de las empresas beneficiarias, que obtienen mano de obra financiada con fondos públicos en lugar de generar empleo genuino y de calidad.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de octubre y los beneficiarios ingresarán a las firmas a partir del 1 de diciembre. Para evitar maniobras de sustitución de personal, la reglamentación exige que las empresas no hayan despedido sin causa a más del 20% de su planta en el último trimestre. Sin embargo, la brecha entre el monto fijado y el costo de vida real en Córdoba reabre la discusión sobre si el esquema funciona como un verdadero puente hacia el trabajo digno o como un paliativo estatal que flexibiliza las condiciones del mercado laboral.
